La Asamblea Nacional de Ecuador discute el veto presidencial al proyecto de Ley de Participación Ciudadana por medio del cual el mandatario Rafael Correa dispone que los medios de comunicación rindan cuentas a los ciudadanos anualmente.
El proyecto legal inicialmente aprobado por la Asamblea establece una rendición de cuentas ante los ciudadanos por parte de funcionarios públicos y empresas privadas que manejen fondos públicos.
El presidente Correa en su veto parcial decidió incluir a los medios en tal rendición de cuentas, al considerar que los medios "prestan el servicio público de la comunicación, por lo que la ciudadanía tiene derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones".
Según el veto, un estatal Consejo de Participación Ciudadana deberá regular los mecanismos de rendición de cuentas.
Vayamos a la Asamblea para que nos quiten el derecho a que los medios de comunicación rindan cuentas a la ciudadanía y les exijan publicar informaciones que sean veraces
Rafael Correa, presidente de Ecuador
La Asamblea Nacional tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en torno al veto, y requiere de 82 votos, esto es las dos terceras partes de los 124 asambleístas, para insistir en su texto original.
Si no se obtienen esos votos, el veto presidencial entrará en vigencia, situación probable dado que el bloque legislativo mayoritario es el oficialista Alianza País, con 58 votos.
En cualquier caso, el presidente Correa, en su pasado enlace sabatino, llamó a los ciudadanos a que se concentren a las afueras de la Asamblea el día en que el ente legislativo se apreste a tomar una resolución en torno al veto presidencial.
"Vayamos a la Asamblea para que no nos quiten el derecho a que los medios de comunicación rindan cuentas a la ciudadanía y les exijan publicar informaciones que sean veraces", dijo Correa.
Pugna gobierno-medios
Este veto presidencial se ha convertido en un nuevo capítulo de los constantes enfrentamientos del presidente Correa con los medios de comunicación ecuatorianos, una pugna entre gobierno y medios que también se vive en otros países de la región.
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La concepción presidencial de la comunicación como un servicio público expresada en el veto ha despertado el rechazo de sectores de oposición, así como de los medios, que ven a la comunicación como un derecho ciudadano.
En Ecuador existe una pugna entre gobierno y medios que también se vive en otros países de la región.
El presidente de la Asamblea, y miembro de Alianza País, Fernando Cordero, dijo este miércoles que con el veto presidencial "lo que se pretende es que una vez al año la ciudadanía sepa quiénes son los dueños de un medio, cuánta plata (dinero) han invertido", y señaló que si bien la comunicación es un derecho, también es un servicio público en cuanto a actividad que realizan las empresas informativas.
Una visión diferente tiene César Montúfar, asambleísta opositor de Concertación Nacional Democrática, y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, quien dijo a BBC Mundo que "el momento en que se entiende a la comunicación, no como un derecho, sino como un servicio, se abre la puerta para que el Estado de manera arbitraria pueda definir las características que debe tener ese servicio".
En ello coincide Alfredo Negrete, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, quien señaló que la Constitución ecuatoriana establece a la comunicación como un derecho ciudadano, no como un servicio público.
Control a los medios
Lo más peligroso es que con esta inclusión a los medios en el concepto de rendición de cuentas se cree el espacio para que se puedan generar diversos mecanismos de chantaje, coerción, acoso a los medios de comunicación a pretexto de esta llamada rendición de cuentas
César Montúfar, asambleísta opositor
El veto presidencial de Rafael Correa fue emitido mientras en la Asamblea aún se discute la Ley de Comunicación y las sanciones que podrían recaer sobre medios y periodistas.
Alfredo Negrete dijo que a BBC Mundo que las acciones del gobierno muestran que "hay un afán incomprensible" de control a los medios por parte del Estado.
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El asambleísta Montúfar, por su parte, señaló que el gobierno, a través de cuerpos legales adicionales a la Ley de Comunicación, como el veto a la Ley de Participación Ciudadana, "está intentando llevar a cabo su objetivo de controlar políticamente a la comunicación".
Montúfar dijo que el concepto de rendición de cuentas se debe aplicar a los funcionarios que tienen a su cargo la toma de decisiones en el sector público y es diferente al control social que la ciudadanía puede ejercer sobre los medios por medio de observatorios ciudadanos o veedurías.
"Lo más peligroso es que con esta inclusión a los medios en el concepto de rendición de cuentas se cree el espacio para que se puedan generar diversos mecanismos de chantaje, coerción, acoso a los medios de comunicación a pretexto de esta llamada rendición de cuentas", señaló.
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