MANUEL AZCONA
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SANTO DOMINGO Rep. Dominicana.- Ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Leonel Fernández Reina, advirtió esta sábado que “ En la República Dominicana, nadie va a desafiar la justicia. Nadie va a burlarse de la ley. Nadie va a retar al Estado democrático. Podríamos tardar más o menos tiempo. Pero sólo habrá un final: detener a los criminales, llevarlos ante la justicia y hacer que cumplan su condena”.
El jefe de Estado, en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, aseguró que hay que establecer la obligatoriedad de la declaración de bienes de oficiales y alistados, que permita precisar la cuantía y la procedencia de los recursos obtenidos, además de profundizar el proceso de depuración de los miembros de esas distintas instituciones.
Este sábado 27 de Febrero se celebra el 166 aniversario de la Independencia de la República Dominicana del yugo haitiano de 1844, lograda mediante la lucha armada frente a Haití. Los independentistas fueron liderados por Juan Pablo Duarte, fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria. La guerra entre los dominicanos y Haití empezó el 27 de febrero de 1844 con el trabucazo del general Matías Ramón Mella. Unos meses después, el 6 de noviembre de 1844, se aprobó la primera Constitución de la República.
De igual forma, advirtió que “ En la República Dominicana, nadie va a desafiar la justicia. Nadie va a burlarse de la ley. Nadie va a retar al Estado democrático. Podríamos tardar más o menos tiempo. Pero sólo habrá un final: detener a los criminales, llevarlos ante la justicia y hacer que cumplan su condena”.
Sin embargo, el jefe de Estado dijo “no podemos negar que el tráfico ilícito de drogas constituye uno de los más grandes retos con que se enfrenta la República Dominicana en esta primera década del Siglo XXI. Pero estoy seguro que con voluntad política, cooperación internacional, profesionalización, equipamiento, un plan estratégico adecuado y una integración de todos los sectores de la vida nacional, lograremos aniquilarlo, fulminarlo y extinguirlo, como bien merece y reclama la familia dominicana.
Además, el jefe de Estado dice que hay que proceder con nuevos mecanismos de investigación y de depuración, así como fortalecer los controles internos de nuestras instituciones, y ser muy selectivos en la escogencia del personal que labora en las áreas de narcóticos, homicidio, inteligencia, lavado de activos y otras áreas sensibles, vinculadas a la investigación del crimen.
De igual forma, Leonel Fernández dijo que hay que instituir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en nuestros cuerpos castrenses. Hay que establecer la obligatoriedad de la declaración de bienes de oficiales y alistados, que permita precisar la cuantía y la procedencia de los recursos obtenidos.
El tercer elemento, como hemos indicado, que mayor preocupación suscita, en estos momentos, en los distintos estratos de la sociedad dominicana, tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, la violencia y el crimen organizado.
El tráfico ilícito de drogas es un mercado que se divide en tres cadenas: la de producción, distribución y comercialización, el cual alcanza a unos 240 millones de consumidores en el mundo.
Pero al mismo tiempo, es un mercado con una capacidad de movilización de recursos por encima de 500 mil millones de dólares al año, o lo que es lo mismo más de 12 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana.
Eso nos permite tener alguna idea de la magnitud de la fuerza criminal a la que nos estamos enfrentando, la cual, sin duda alguna, es sumamente poderosa y hasta desafiante.
Ahora bien, dentro del contexto previamente indicado, nuestro país, al igual que los de Centroamérica y México, han sido tradicionalmente considerados como zona de tránsito de la droga.
La zona de producción se encuentra, lamentablemente, en la hermana República de Colombia, la cual genera el 90% de la producción de cocaína que se consume en el mundo, así como, Ecuador, Bolivia y Perú.
Las zonas de destino son Puerto Rico, los Estados Unidos y Europa.
Desde la década de los 90, parte de la droga que transitaba por la República Dominicana se quedó en el país como pago en naturaleza a las transacciones que se realizaban.
Esto último contribuyo a crear un mercado de consumo entre jóvenes, tanto de los barrios marginales como de clase media alta, que antes no existía, y que en los últimos tiempos se han convertido en la fuente fundamental de comisión de crímenes y de otros actos delictivos vinculados al narcotráfico.
De esa manera es que han proliferado los llamados puntos de venta de droga o de microtráfico, que es lo que genera la relación directa entre los distribuidores y los consumidores locales.
Al mover tantos recursos el negocio de las drogas ha logrado penetrar determinados niveles de las instituciones responsables de combatir y perseguir el tráfico ilícito de drogas en el territorio nacional.
Ese es un patrón o tendencia que se repite en todas partes; y naturalmente, la República Dominicana no podía ser la excepción.
En varios de los escándalos de gran trascendencia que se han presentado en los últimos tiempos, se capta la presencia de altos oficiales de distintas instituciones de nuestros cuerpos armados.
Eso ha provocado una justificada desconfianza por parte de la población, al sentirse, no sólo desprotegida, sino amenazada, como consecuencia de producirse una inversión del rol que deben asumir los órganos responsables del mantenimiento de la seguridad pública.
Naturalmente, no se trata de la institucionalidad en sí misma de nuestros hombres de uniforme. Se trata de individuos o casos aislados, quienes con su mala conducta tienden a desprestigiar el buen nombre de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Hay que profundizar, pues, el proceso de depuración de los miembros de esas distintas instituciones. De hecho, miles de integrantes de la DNCD, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, han sido separados ya de las filas y puestos en retiro en los últimos años como parte de este proceso de profilaxis.
Ahora, sin embargo, hay que proceder con nuevos mecanismos de investigación y de depuración. Hay que fortalecer los controles internos de nuestras instituciones. Hay que ser muy selectivos en la escogencia del personal que labora en las áreas de narcóticos, homicidio, inteligencia, lavado de activos y otras áreas sensibles, vinculadas a la investigación del crimen.
Hay que instituir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en nuestros cuerpos castrenses. Hay que establecer la obligatoriedad de la declaración de bienes de oficiales y alistados, que permita precisar la cuantía y la procedencia de los recursos obtenidos.
Sabemos que tenemos problemas de bajos salarios en nuestras instituciones armadas, y que eso constituye una fuente de tentación y de penetración por parte del crimen organizado, razón por la cual tendremos que crear mecanismos de compensación y de incentivos.
Para evitar efectos de contagio, en el futuro, se procederá a reclutar a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas de manera directa, y no extrayéndolos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
Hay que continuar entrenando y equipando a nuestros agentes del orden y la seguridad. Hay que establecer requisitos para ascensos en todos los grados, donde se incluyan cursos en los distintos niveles, hasta el de Oficial General o Almirante; Coronel o Capitán de Navío, evaluaciones por juntas de ascensos y límite máximo en la permanencia de los grados.
Hay que limitar la cantidad máxima de plazas de Generales por cada institución y fijar los retiros automáticos luego de pasar por las principales funciones de mando.
Hay que continuar integrando nuevas herramientas de trabajo y nuevas tecnologías, para ser más eficaces en el combate al crimen.
En tan sólo dos meses de estar en el país, los dos aviones Súper Tucano, de una flota de ocho que tendremos próximamente, ya han hecho disminuir, de manera notable, los vuelos ilegales en el espacio aéreo dominicano.
Durante el transcurso de esta legislatura, estaré sometiendo ante estas mismas cámaras un anteproyecto de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, otro de la Policía Nacional y otro de Organización y Funcionamiento del Sistema de los Servicios de Inteligencia en el país.
Al fortalecer nuestras instituciones orientadas a la prevención, la disuasión y la persecución del crimen, así como las áreas de justicia, prisión y rehabilitación, estaremos creando las condiciones internas para revertir la ola de criminalidad, de desconfianza y de incertidumbre que se apodera de nuestra población, como consecuencia de la expansión del tráfico ilícito de drogas.
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