"Los periodistas alemanes deben poder publicar secretos de Estado citando fuentes anónimas sin temor a ir a la cárcel"Sabine Leutheusser: "La nueva ley permitirá que los periodistas no sean perseguidos cuando simplemente han publicado información que les ha sido proporcionada"
La Fiscalia alemana puede actualmente ordenar registros en medios de comunicación y confiscar documentación para descubrir el origen de las filtraciones La ministra de Justicia alemana, la liberal Sabine Leutheusser Schnarrenberge, ha anunciado que los periodistas que publiquen información confidencial utilizando fuentes anónimas sobre actividades del Gobierno consideradas secreto de Estado contarán a partir de mayo con una mayor protección legal.
En una entrevista al diario Welt am Sonntag --Justizministerin schützt Journalisten und Informanten vor dem Staatsanwalt, la ministra explica que se está desarrollando una ley para "reforzar la libertad de prensa", lo que implicará también una enmienda para modificar el artículo 353b del Código Penal alemán donde se contemplan penas de hasta cinco años de cárcel para quienes desvelen informaciones sobre el Gobierno sin revelar la identidad de sus fuentes.
"Los profesionales de los medios deben poder hacer su trabajo manteniendo su atención en las actuaciones del Gobierno y publicando los errores de éste de forma libre"
"La nueva ley permitirá que los periodistas no sean perseguidos cuando simplemente han publicado información que les ha sido proporcionada"
Actualmente, aplicando ese artículo, los fiscales alemanes pueden ordenar registros en redacciones, así como la confiscación de ordenadores y documentación para tratar de averiguar quién ha filtrado secretos de Estado a ese medio.
EL CASO DE LA REVISTA 'CICERO'
La ministra se ha inspirado en el caso Cicero. En 2005, la revista Cicero, de Postdam (cerca de Berlín), publicó un artículo que contenía información procedente de documentos clasificados del Bundeskriminalamt (BKA), los servicios secretos.
Durante la investigación, el BKA registró la redacción de la revista. Dos años más tarde, la Corte Constitucional estableció que la inspección había sido anticonstitucional y que los periodistas no habían violado ninguna ley
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