El Gobierno iraní hizo público un comunicado el pasado 8 de julio, difundido a través de la Embajada de Irán en Londres, en el que informaba de que Sakineh Mohammadi Ashtiani no sería lapidada. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manucher Mottaki, desmintió el pasado 13 de julio en Madrid estas afirmaciones, que atribuyó a la "propaganda occidental".
"Mientras que tanto ella como su abogado no hayan recibido una notificación oficial, estas declaraciones contradictorias no permiten descartar que Sakineh Mohammadi pueda ser lapidada", advirtió AI.
Ashtiani, madre de dos hijos, está encarcelada desde 2005. En mayo de 2006 fue condenada a recibir 99 latigazos por mantener una "relación ilícita" con dos hombres y posteriormente fue declarada culpable de mantener una "relación extramatrimonial" y condenada a morir mediante la lapidación.
En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la declararon inocente, señalando que ya había sufrido una condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella. Sin embargo, los otros tres, incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable basándose en el "conocimiento del juez", un principio de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar una decisión sobre la culpabilidad del acusado sin necesidad de pruebas claras o concluyentes.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte el 27 de mayo de 2007. Su indulto pende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya se lo ha negado dos veces.
Durante la rueda de prensa celebrada en la Embajada de Irán en Madrid, con motivo de su visita oficial a España, Mottaki aseguró que no tenía tiene ninguna constancia de que se hubiera suspendido la lapidación contra Ashtiani y afirmó que estas informaciones "seguramente" se debieran "a la propaganda de los medios de comunicación occidentales".
"Las decisiones judiciales que terminan en ejecuciones se limitan a crímenes específicos y se basan en un proceso muy duro y muy largo", prosiguió. "Las decisiones normales corresponden a un juez, pero las que terminan en pena de muerte necesitan de la aprobación del resto de la judicatura, incluida la más alta magistratura", agregó.
Por ese motivo, la organización ha difundido un mensaje al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Sayed Alí Jamenei -disponible para la firma en la página de Internet de la sección española de Amnistía- en la que se advierte de que "la ejecución por lapidación es un castigo especialmente cruel, por estar específicamente concebida para aumentar el sufrimiento de la víctima".
"Para llevarla a cabo se escogen piedras lo suficientemente grandes como para causar dolor, pero no tanto como para matar a la víctima enseguida", añade la organización.
Según las informaciones de las que dispone AI, "al menos otras ocho mujeres y tres hombres corren el riesgo de ser lapidados en Irán". Por ello, AI pide a Jemenei que se conmute la pena de muerte de Sakineh Mohammadi y que, "en el camino hacia la abolición total de la pena de muerte, promulgue una ley que prohíba inequívocamente la lapidación como pena judicial". A la espera de esta ley, "debe declararse de inmediato una suspensión de las lapidaciones", concluye.
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