A jucio del vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del periódico El Caribe, Manuel A. Quiro, denuncia que el hecho de mayor gravedad en el país ha sido el intento de introducir en el proceso de reforma para una nueva Constitución la pretendida cláusula de “información veraz” que, aunque estaría inspirada en imperativos éticos que comparte y defiende plenamente el buen periodismo, en realidad podría prestarse para que desde instancias oficiales se pudieran establecer cortapisas, presiones o restricciones a los medios de comunicación, tal como han sido los antecedentes con este tipo de iniciativas en Venezuela y otras naciones latinoamericanas.
El periodista dominicano emitó sus consideraciones en su informe presentado en Buenos Aires, al señalar la situación de la prensa en República Dominicana.
En la República Dominicana se mantiene un buen estado en cuanto a la libertad de prensa, ya que el público cuenta con un flujo diverso de informaciones y opiniones a través de diferentes medios para la libre difusión y discusión de las ideas.
Empero, desde la pasada reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Asunción, Paraguay, han surgido una serie de situaciones preocupantes que, de persistir y prosperar, pueden entorpecer el libre ejercicio periodístico.
El hecho de mayor gravedad en este aspecto fue el intento de introducir en el proceso de reforma para una nueva Constitución una pretendida cláusula de “información veraz” que, aunque estaría inspirada en imperativos éticos que comparte y defiende plenamente el buen periodismo, en realidad podría prestarse para que desde instancias oficiales se pudieran establecer cortapisas, presiones o restricciones a los medios de comunicación, tal como han sido los antecedentes con este tipo de iniciativas en Venezuela y otras naciones latinoamericanas.
Afortunadamente y después de una unitaria reacción de rechazo por medios, periodistas y diferentes sectores de opinión pública, la pretensión fue finalmente desestimada.
Sin embargo, otro gran peligro pende aún sobre los medios críticos e independientes por la insistencia del diputado Alfonso Crisóstomo en seguir adelante con un proyecto para modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a pesar del amplio rechazo que ha provocado en la prensa e incluso en el propio seno de la cámara baja y también en bancadas partidarias en el Congreso nacional.
Crisóstomo quiere un acceso regulado a los datos sobre el desempeño en dependencias oficiales, mientras la corriente generalizada de opinión pública sostiene que debe mantenerse con sentido pleno y expedito, como está consagrado en el texto vigente sin sufrir ningún tipo de restricción o debilitamiento.
En efecto, se teme que estos eventuales cambios puedan dificultar el acceso a informaciones esenciales que la sociedad debe conocer sobre la forma en que se manejan los fondos públicos, ya que la ley no solo da esta facilidad a los periodistas, sino a los ciudadanos en general.
Con justificadas razones, se piensa que la propuesta de Crisóstomo asestaría un serio revés a la lucha contra la corrupción, porque buscaría garantizar impunidad a funcionarios que incurran en manejos dolosos, ya que comenzó a ser impulsada luego de una serie de trabajos de investigación periodística que han puesto al descubierto falta de transparencia e irregularidades en diferentes instancias.
Otro proyecto que provocó gran repudio fue el propuesto por la senadora Amarilis Santana para obligar a los medios escritos y electrónicos a difundir gratis la publicidad educativa, lo que revela la existencia en algunas esferas de la clase política de una peligrosa e inadmisible mentalidad proclive a manipular o dictaminar sobre el ámbito de libertad e independencia editorial y la forma en que deben manejarse los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Un aspecto no menos inquietante es la tendencia que se mantiene en algunas esferas de intolerancia frente a la labor legítima de los medios de buscar y difundir informaciones de interés general, sin importar que afecte a determinados sectores.
El hecho más reciente pero no exclusivo, porque se han registrado un sinnúmero de casos de igual o parecidas características, fueron los golpes dados en un palacio de justicia al fotoreportero y comentarista radial Franklin Guerrero por espalderos de un sujeto señalado como capo del microtráfico de una barriada de Santo Domingo, circunstancia que luego se vio agravada cuando la vivienda del comunicador fue tiroteada por individuos que andaban en motocicletas.
Todo esto exige una investigación profunda de parte de las autoridades para establecer responsabilidades y sanciones judiciales que deberían ser verdaderamente ejemplarizadoras.
Finalmente, quiero referir el caso de Antena, una agencia de noticias estatal, cuyo establecimiento suscitó algunas aprensiones cuando el Gobierno hizo su anuncio en abril pasado. Sin embargo, en la práctica estos temores se han disipado por completo porque ésta ha devenido en una fuente adicional de información disponible para los medios, los periodistas y el público en general.
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